El Senado le dio media sanción a la ley de Propiedad Privada:
La Ley de Propiedad Privada obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra tras más de diez horas de debate en el Senado.
El Senado aprobó en general esta madrugada el proyecto de Ley de Propiedad Privada, aunque el oficialismo debió resignar otro de los capítulos centrales de la iniciativa ante la resistencia de bloques provinciales. La propuesta obtuvo 37 votos afirmativos y 33 negativos y pasó inmediatamente a la discusión en particular, luego de un debate que se extendió durante más de diez horas.
El nuevo retroceso del Gobierno alcanzó al capítulo que proponía modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Ante la falta de votos para sostener ese apartado, el oficialismo anunció que solicitaría su eliminación durante la votación en particular.
La decisión fue comunicada antes de la votación general por Agustín Coto, senador por Tierra del Fuego, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo. El anuncio provocó aplausos desde sectores opositores que habían cuestionado los cambios.
Qué pasó con la Ley de Manejo del Fuego
La propuesta mantenía protecciones sobre bosques nativos y reservas forestales, pero generó resistencia entre representantes de fuerzas provinciales y patagónicas por los cambios previstos para otros terrenos afectados por incendios.
El punto cuestionado buscaba modificar las restricciones existentes para disponer de predios ubicados en bosques implantados, áreas protegidas y humedales después de un siniestro. A medida que avanzó el debate, el rechazo de los aliados provinciales terminó dejando al oficialismo sin los votos necesarios.
Frente a ese escenario, el Gobierno decidió retirar todo el capítulo. La modificación se convirtió así en el segundo apartado de peso que el oficialismo debió abandonar en apenas 48 horas para garantizar la continuidad parlamentaria del proyecto.
El Gobierno ya había resignado los cambios a la Ley de Tierras
El primer retroceso había ocurrido con el capítulo referido a la Ley de Tierras, que contemplaba modificaciones al régimen vigente sobre propiedad rural en manos de extranjeros. La propuesta había generado cuestionamientos de sectores opositores, organizaciones sociales y algunos de los espacios provinciales que habitualmente acompañan al Gobierno.
